Una proposición honesta a los muy importantes editores españoles: un inmenso nicho de mercado

(Intervención en la mesa redonda La propiedad intelectual y la lectura pública , en el XIX Encuentro sobre la Edición, que con el título El derecho a la lectura: las bibliotecas, se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 9-11 julio 2003)

Agradezco en lo que vale la invitación a participar en esta mesa pues cuando he tomado parte en este tipo de actos siempre ha sido con otros bibliotecarios o, en su caso, enseñantes. Me parece muy oportuno que este XIX Encuentro sobre la Edición se dedique a las bibliotecas. Creo que los bibliotecarios, al menos yo, conocemos menos de lo que debiéramos el mundo editorial, y ustedes los editores conocen muy poco de la biblioteca pública española actual. Aunque todos (autores, editores, distribuidores, libreros, bibliotecarios.) formemos parte de eso que los franceses llaman la cadena del libro, hay que reconocer que tenemos diferentes acercamientos, necesidades, experiencias e incluso intereses respecto al libro y la lectura. En estos últimos años, tan marcados por la irrupción masiva del concepto "Propiedad Intelectual" (hoy el buscador Google me localizaba 276.000 referencias para ese término), se ha visto en distintos países europeos que editores, bibliotecarios, libreros, enseñantes, mantienen planteamientos diferentes respecto a cuestiones importantes como el derecho de préstamo en biblioteca, el derecho o prohibición para la reproducción de documentos, el precio de los libros. Aun con unos objetivos comunes (el desarrollo de la lectura, la formación de lectores) cada profesión argumenta desde su lógica, sus sistemas de creencias, sus referencias y su propia historia. Así, muchos bibliotecarios creemos que la biblioteca es, esencialmente, la socialización del libro.

Mis conocimientos jurídicos son como de tercera división (en caso de que no haya cuarta). Eso puede significar que es mejor que me calle. Pero creo que la cuestión de la Propiedad Intelectual no atañe sólo al ámbito jurídico (aunque muchas veces así nos lo presenten). Si observamos su incidencia y relevancia en campos tan distintos como el farmacéutico, el de las semillas transgénicas o el de las industrias culturales (o del entretenimiento, para los menos ilusos), constatamos que el debate es político (la res publica ) y social. Un ejemplo muy clarito: la Propiedad Intelectual, que aumenta en diez veces el costo de los medicamentos, condena a muerte a millones de enfermos africanos.

Mas no se inquieten. No voy a analizar los posibles fundamentos de la Propiedad Intelectual. Mi objetivo es más limitado. Voy a referirme a un caso concreto, actual: el derecho de préstamo en las bibliotecas públicas. Como todos ustedes saben la Directiva europea de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual establece el principio de un derecho de préstamo exclusivo de los derechohabientes, esto es, la posibilidad de prohibir o autorizar el préstamo de sus obras por las instituciones públicas. No obstante, permite a los Estados miembros optar por un simple derecho de remuneración y (esto es muy importante para lo que luego quiero señalar) establecer excepciones al derecho exclusivo de préstamo para determinadas categorías de entidades públicas, como, ejemplo señero, las bibliotecas públicas.

En marzo de 2000, 288 autores, impulsados por la Société des Gens de Lettres (asociación para la protección del derecho de autor), el Syndicat National de l'Edition y Sofia (sociedad de autores y editores para administrar el derecho de préstamo) hicieron pública una carta dirigida a la Ministra de Cultura francesa en la que, a título individual, señalaban: "Cansado de esperar una eventual decisión de los poderes públicos, le solicito hoy (.) que haga respetar mi derecho de prohibir el préstamo de mis obras en biblioteca, mientras que no obtengamos satisfacción". Esta satisfacción la cifraban en 5 francos, unas 125 pesetas por cada libro prestado en biblioteca. Hasta ese momento los autores prácticamente no se habían implicado, el debate se había mantenido entre editores, bibliotecarios y Ministerio de Cultura.

Voy a hacer, de una manera quizás excesivamente resumida y con pocos matices, un ejercicio: leer los argumentos expuestos por editores y autores franceses que reclaman un préstamo remunerado de sus obras con los ojos (los datos) de las bibliotecas españolas. Los datos que utilizaré, en lo referente a la bibliotecas públicas españolas, provienen de Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta (2001) y Las colecciones de las bibliotecas públicas en España: un estudio sobre su desarrollo (2003 ) , los dos dirigidos por Hilario Hernández, presente en este Encuentro, y al que, como bibliotecario, quiero agradecer su trabajo. Los datos harán referencia a las medias, esto es, son trazos que nos permiten dibujar el retrato robot de ese ente abstracto que es la biblioteca pública española, en singular y no en plural. Hago esta aclaración pues en esta sala hay responsables bibliotecarios de diversas comunidades autónomas y Bibliotecas Públicas del Estado que obtienen mejores resultados que los que voy a citar. Pero no hay que olvidar a las muchas bibliotecas públicas, especialmente municipales, que siguen trabajando con grandes dificultades. De hecho, una de las conclusiones más preocupantes (e incluso dramática) del desarrollo de las bibliotecas públicas españolas es su desigual evolución en las diferentes comunidades autónomas y, en especial, en los distintos municipios.

El primer argumento era el de la ley: hay que cumplir la Directiva europea de 1992. Ahora bien, la Directiva en su artículo 5 (Excepciones al derecho exclusivo de préstamo público) apartado 3, señala que los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración. De hecho, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea , fechado en septiembre de 2002, constata (de mala gana, todo hay que decirlo, pero constata) que "la mayor parte de los países hacen uso de la posiblidad de eximir a determinadas instituciones de préstamo del derecho de préstamo público". En este sentido, hay un ejemplo que nos interesa mucho. Cuando el Ministerio de Cultura francés, en 2002, establece un doble sistema de financiación para recaudar el derecho de préstamo, establece una exención: las bibliotecas escolares. Como si fueran frágiles orquídeas, se mima a las frágiles bibliotecas escolares francesas para que se desarrollen, para apoyar el desarrollo de la lectura en el ámbito escolar. Lo que se me hace muy interesante es que esas frágiles bibliotecas escolares, tan necesitadas de cuidado para su desarrollo, gastasen en 1998 en adquisición de libros y materiales impresos casi tanto (26'66 millones de euros) como el conjunto de las bibliotecas públicas españolas en 2000 (27'4 millones; las bibliotecas públicas francesas 68'34 millones en 1998). De ese nivel es la pobreza de recursos para adquisiciones en las bibliotecas públicas españolas.

Un segundo argumento era que no han de ser tan gratuitas las bibliotecas públicas francesas cuando muchas de ellas exigen una cuota para inscribirse como socios y tener derecho a llevarse libros en préstamo. Lo que no señalaban a continuación es que esas cuotas no representan más que el 3% del presupuesto de funcionamiento de las bibliotecas ( La question du droit de prêt dans les bibliothèques o Rapport Borzeix de 1998). Y lo que hay que resaltar es que en el caso de las bibliotecas públicas españolas no existe esa cuota.

Un tercer argumento, aquí les apretaba el zapato a autores y editores que exigían una remuneración, era el aumento de los préstamos en las bibliotecas públicas, que pasaron de 59'3 millones en 1980 a 154'5 en 1998 (lo que se les olvidaba decir es que el número de libros adquiridos pasó de 3 millones al año en 1980 a 8 millones en 1998 y que la adquisición en bibliotecas universitarias se quintuplicó). Los préstamos en las bibliotecas públicas españolas han crecido enormemente, en 2000 prestaban casi el doble que diez años antes. De 0'41 préstamos/habitante/año en 1990 a 0'77 en 2000. Pero fíjense de que tamaño es el subdesarrollo bibliotecario público en España, que los 0'77 préstamos/habitante/año de 2000 quedan lejísimos de la media (ojo, la media) estimada para la Unión Europea en 1998 que era de 4'93.

Un cuarto argumento, derivado del anterior, era el que quería demostrar un vínculo directo entre el aumento de los préstamos en biblioteca y la baja de las ventas en librería. Pero ningún estudio serio, que yo sepa, ha permitido demostrar una correlación entre ambos hechos. De todas las maneras los editores españoles pueden dormir tranquilos (y los bibliotecarios algo menos). Para el estudio Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta , antes citado, se realizó una encuesta a la población con una muestra de 1700 personas mayores de 14 años. A la pregunta "¿Cuál es la procedencia de los últimos libros leídos?", el 53% respondió que la compra, el 20% que los préstamos entre amigos o familiares, otro 20% señaló canales de provisión distintos y un 7% dijo que los préstamos de una biblioteca.

He reservado la última parte de mi intervención para intentar demostrar que las bibliotecas públicas españolas, en la medida de sus limitadas posibilidades, están respetando el derecho de autor. Parecería que el derecho de autor se limita a su dimensión pecuniaria. Pero no, el derecho de autor es ante todo el derecho a ser leído, y en ese sentido la biblioteca pública es una herramienta eficaz e indispensable, que complementa a la librería (más aún cuando la librería se convierte en abarrotada mesa de novedades). No creo que sea muy inexacto decir que si los autores tienen pasado (y futuro) es por las bibliotecas, no por la inmensa mayoría de las actuales librerías que solo ofrecen el presente más inmediato de la edición. Para ello, los ciudadanos financian la construcción de bibliotecas (de 2.500 públicas en 1990 a 4.000 diez años después), las equipan, con dinero público contratan a personal cualificado que se va encargar de seleccionar las colecciones, tratarlas documentalmente, esto es, catalogarlas y clasificarlas para que no queden como meros amontonaderos de libros, dan a conocer esos documentos bien sea por su consejo y orientación, bien por la organización de actividades específicas de animación dirigidas a todos los estratos de la población, intentan ampliar los campos de interés de los usuarios, y cargando sus libros se acercan a públicos que no acuden a la biblioteca, bien de instituciones (prisiones, hospitales, centros educativos.), bien a ciudadanos para los que la biblioteca nunca ha estado destinada.

No me parece que los autores y editores tengan que sentirse enojados por no recibir una remuneración por los préstamos en la biblioteca pública. Al contrario, me parece que están muy bien tratados (al menos en relación con los bibliotecarios). Las instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, consejerías, Dirección General del Libro.) conceden un sinfín de premios literarios. Y aquí hago un inciso: se me hace bastante extraño que en España, tan productora de libros y con índices lectores tan mediocres, se concedan tantos premios a la creación y producción de libros y ninguno a las actividades de difusión, a las de aquellas bibliotecas que organizan programas para llevar libros a los mercados, a los psiquiátricos, que intentan llevar el libro a las poblaciones que no lo han tenido en su ámbito más cercano. Pero sigamos. Sumémosle las ayudas públicas, esto es, con recursos públicos, a la edición, becas a la creación, ayudas a la traducción, la organización de Ferias del Libro, coediciones entidades públicas-editoriales privadas. Recursos que, por cierto, salen del bolsillo de aquellos a los que se les está pidiendo un pago por tomar en préstamo un libro en la biblioteca (libro por el que ya se han abonado los derechos de autor correspondientes al adquirirlo la biblioteca).

Quisiera terminar haciendo una proposición honesta a los editores. Es un negocio para ustedes y una oportunidad para las bibliotecas. La generalidad de las colecciones de las bibliotecas públicas es muy mediocre. Estas colecciones se forman por acumulación, como el yacimiento de Atapuerca (las bajas, el expurgo, en 2000, de las colecciones representó el 1%, es decir, de cada 1000 libros se retiraron 10), están envejecidas. Entre 1990 y 2000 los volúmenes disponibles pasaron de 21'3 millones a 43'7. Doblaron, es decir, las bibliotecas públicas les compramos a ustedes más que nunca. Pasaron de 0'5 volúmenes/habitante a 1. El índice medio (repito lo de medio) estimado de los países de la Unión Europea, dos años antes, en 1998, era de 2'10 volúmenes/habitante. La media de volúmenes adquiridos por cada biblioteca pública en 1990 era de 768 y de 693 en 2000. Dos terceras partes de las bibliotecas públicas existentes incorporaron menos de 500 ejemplares en el 2000. Ahí tienen, tal como dicen, un inmenso nicho de mercado.

Ustedes, los editores españoles, son importantes, son empresarios que representan el 0.5% del PIB, son la tercera potencia europea en producción de libros, la quinta mundial. Nosotros los bibliotecarios tenemos muy poco peso social, mediáticamente somos un cero a la izquierda. En cambio, muchos de ustedes se codean con ministros, directores generales, consejeros autonómicos, tienen acceso a los periódicos de gran tirada. Pues échennos una mano, apoyen a las todavía frágiles y pobres bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, presionen a los responsables culturales y educativos, para que las pobrísimos índices de adquisiciones de las bibliotecas aumenten considerablemente. Los bibliotecarios, solos, no podemos hacerlo.

Ramón Salaberria

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